La totalidad de los inmuebles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyos planos fueron registrados antes del 31 de diciembre de 1941 no podrán ser demolidos, reformados, ampliados ni intervenidos con nuevas construcciones sin una previa evaluación que determine si la edificación se trata de un patrimonio histórico, ordenó la Justicia al hacer lugar a una medida cautelar que amplió la protección que hasta hoy sólo tenían 1.700 edificaciones.

“Esta medida permite una protección sobre el total de las edificaciones al establecer que para demoler o intervenir cualquiera de ellas, primero hay que evaluar si no se trata de un patrimonio histórico”, explicó a Télam el abogado Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad.

La sentencia, dictada por Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires N° 10, ordenó que “no se otorguen autorizaciones o permisos de demolición, reformas, ampliaciones y/o cualquier construcción nueva (incluyendo el registro de planos), con respecto a la totalidad de los inmuebles de propiedad pública o privada emplazados en la Ciudad de Buenos Aires, cuyos planos hayan sido registrados antes del 31 de diciembre de 1941”.

La excepción es que “el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales haya resuelto previamente, en forma expresa e individualizada, que el bien no posee valor patrimonial”.

La medida también alcanzó a aquellos inmuebles “cuyo año de construcción asentado en la documentación catastral sea anterior a dicha fecha, así como de aquellos que se encuentren incluidos en el inventario de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en la categoría ‘Edificios Representativos'”.

En octubre de 2014, la Legislatura porteña había aprobado por unanimidad una protección de 1.700 inmuebles, que representaban alrededor del 1,2 por ciento de los existentes ya que se estima que el total de edificaciones previas a 1941 ronda los 134.000.

En tanto, por un relevamiento encargado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) se habrían incorporado al listado de bienes protegidos en forma preventiva unos 5.284 inmuebles que están a la espera de ser evaluados de manera definitiva por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales.

La medida cautelar es la respuesta de la justicia a la causa iniciada en 2011 por las organizaciones Basta de Demoler, la Fundación Ciudad y la Asociación Civil y Vecinal S.O.S Caballito, patrocinadas por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para exigir la protección del patrimonio.

“Ante la proliferación del mercado inmobiliario y la falta de protección al patrimonio, la legislatura porteña había sacado una ley de emergencia que establecía un procedimiento por el cual un inmueble no podía ser demolido ni modificado hasta no ser evaluado cuya vigencia era hasta diciembre de 2011”, recordó Baldiviezo.

Y continuó: “Cuando estaba llegando ese plazo, varias organizaciones vimos que los objetivos de la ley no se habían cumplido e interpusimos ante la justicia un recurso de amparo para que se proteja estos inmuebles hasta que la Legislatura evaluara si se prorrogaría esa ley de emergencia o bien se la transformaría en una ley definitiva”.

La Justicia dictaminó una medida pre cautelar primero de protección y, tras obtener mayor información, ratificó la decisión con la medida cautelar hasta que se resuelva la cuestión de fondo que sería la sanción de una nueva legislación que asegure la existencia de un proceso de evaluación de las edificaciones antes de demoler o intervenirlas.

FUENTE TELAM

 

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