Legitimaciones sociales de las políticas patrimoniales y museísticas

Al elaborar o llevar a cabo un proyecto patrimonial y museístico, consideramos pertinente que los promotores se pregunten acerca de su grado de legitimidad social y que reflexionen también acerca de los mecanismos que deberían establecer para que la vinculación y la participación sociales vayan aumentando a medida que el proyecto se vaya desarrollando. Estas consideraciones no las planteamos solamente por criterios ideológicos, también las exponemos porque, a fin de cuentas, el patrimonio cultural, al ser eso, cultural, es, a su vez, social. No hace falta insistir, pensamos, en que hoy por hoy los patrimonios culturales dan cuenta de identidades o memorias colectivas.

Los organismos internacionales o los poderes públicos, a través de cartas, convenciones, convenios, declaraciones y leyes, definen y establecen claramente el carácter social y público del patrimonio cultural. No podría ser de otra manera. Como acabamos de afirmar lo cultural nos conduce a lo social, al igual que éste nos traslada a aquél.

Aun a riesgo de caer en un reduccionismo excesivo, estimamos que en las actuales sociedades democráticas son principalmente las autoridades públicas quienes activan o ponen en valor el patrimonio cultural. Desde la Revolución francesa, ellas se han venido legitimando para iniciar, promover, fomentar o llevar cabo esas activaciones. Sin embargo, pensamos que esa legitimación, política, presenta importantes fallas en diferentes niveles. En este texto nos aproximaremos a los vértices de algunas de esas hendiduras, sólo las delimitaremos, sin ahondar en ninguna de ellas: esa carencia será cubierta por todos los demás artículos de esta publicación.

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