Programa de Protección de Patrimonio Cultural – INTERPOL

La legislación sobre protección del patrimonio en Argentina se remonta a principios del siglo pasado, cuando el 26 de febrero de 1913, el Honorable Congreso de la Nación sanciona la ley 9080 que regula las investigaciones científicas y protege los yacimientos y objetos localizados en el suelo de nuestro país. Diez años después, el Poder Ejecutivo Nacional procedió a reglamentar dicha ley mediante un decreto del 29 de diciembre de 1921.

En 1968 se dicta la Ley 17.711, que introduce modificaciones de distinta índole en el Código Civil. En lo relativo a los bienes arqueológicos, incorpora principios normativos, así en el nuevo artículo 2339 establece que: “Las cosas son bienes públicos del Estado general que forma la Nación, o de los Estados particulares de que ella se compone, según la distribución de los poderes hecha por la Constitución Nacional….”

Asimismo, el artículo 2340, inciso 9º. Incluye entre los bienes públicos “las ruinas y yacimientos arqueológicos y paleontológicos de interés científico” Esta ley modifica la ley 9080 y cambia fundamentalmente la titularidad del dominio público sobre las ruinas y yacimientos arqueológicos, los que a partir de la vigencia de la ley 17.711 se encuentran bajo jurisdicción provincial o nacional, de acuerdo al lugar en donde se localicen.

A partir de ese momento algunas Provincias han dictado leyes locales de protección arqueológicas, e incluso, debe destacarse que algunas de las Constituciones provinciales, han incorporado preceptos tendientes a la preservación e investigación del patrimonio cultural de las Provincias.

Asimismo, el Estado Nacional conserva su jurisdicción en aquellos lugares que adquiera por compra o cesión de las provincias y sean declarados “establecimientos de utilidad en el territorio de la República”. Dicha jurisdicción de acuerdo con el artículo 75 inciso 30 de la Constitución Nacional, es concurrente con las facultades de los gobiernos locales, ya sean provinciales o municipales, quienes conservan los poderes de policía e imposición sobre estos lugares, siempre y cuando éstos no interfieran con la finalidad del establecimiento.

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